La comunidad indígena se quejó por la demora en el traslado de una niña, que se encontraba en un hospital en la ciudad de Montería, a un centro asistencial. La causa de su muerte fue ese retraso.
Según el defensor del Pueblo Carlos Camargo, el incidente ocurrió en el hospital San Jerónimo de Montería, donde la pequeña, esperó varias horas para ser trasladada a una UCI pediátrica, porque su documento de identidad no aparecía.
Según las autoridades del municipio, la niña vivía en la comunidad Emberá Katío, en el resguardo Koredó, Tierralta, y había barreras de acceso graves, que preocupan al Defensor del Pueblo, porque la Nueva EPS no permitió la remisión porque no estaba afiliada. A pesar de que sus padres son clientes de la EPS, la bebé no tenía registro de nacimiento, documento que fue expedido una hora después de su muerte.
El defensor del Pueblo señala que es una aberración que existan barreras para atender a una menor, aunque no esté afiliada al Seguro.
«Es inconcebible que por obstáculos administrativos se pierda la vida de una niña, que necesitaba atención médica, ya fuera afiliada o no a la red de salud y que, además, por pertenecer a un grupo étnico, debió ser protegida con especial cuidado. El dolor de su familia es también nuestro dolor y trasciende a lo social. En un estado de derecho social no se puede permitir que, por negligencia y procedimientos ordinarios, se ponga en riesgo la vida de los niños y niñas», lanzó Camargo.
La Superintendencia Nacional de Salud, luego de analizar los casos de cinco menores de edad, por falta de atención médica de nutrición y pediatría por parte de un médico general, multó a la EPS Asociación Indígena del Cauca (AIC) en 250 millones de pesos.
Un equipo interdisciplinario de la Supersalud realizó una auditoría en La Guajira en abril de 2019 y documentó una serie de hallazgos. La EPS no había garantizado una atención oportuna.
La Asociación Indígena del Cauca EPSI tuvo un impacto directo en el bienestar de los niños y niñas del departamento de La Guajira, pues incidió en la calidad de los servicios de salud. Las autoridades sanitarias dictaminaron que la EPSI tuvo gran influencia en la salud y nutrición infantil de los habitantes de La Guajira, porque incidió directamente en la prestación de los servicios de salud. La EPSI fue multada por ello.
Según el comunicado oficial, «es evidente que la EPSI desconoció que los menores de edad tienen una protección especial como lo establece el Artículo 11 de la Ley 1751 de 2015″.
El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, afirmó que «la atención a los niños debe ser prioritaria para todos los actores que intervienen en el sistema de salud colombiano, dados los derechos de los niños, que necesitan protección especial. Es inaceptable que los responsables de garantizar y proteger sus derechos no los atiendan oportunamente ni proporcionen la atención médica especializada que requieren».